martes, 30 de abril de 2013

Reforma de la Ley de Costas

   El PP ha abierto el coladero de los pecados urbanísticos del litoral y avanza en la privatización de la costa española. Una enmienda reduce en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura.
   En el Ministerio de Medio Ambiente explican que este cambio responde a las reclamaciones de Canarias y Galicia.
   Los ayuntamientos que se beneficien de esta nueva reforma deberán solicitarla en un plazo de tres meses y el tramité terminará en dos años.
   Fernando Palao, exsecretario de Estado con el PSOE y redactor de la Ley de Costas vigente desde 1988, considera que es un coladero y legaliza todos los incumplimientos. Además Palao cree que solo quedarán fuera de esta criba las zonas en las que haya alguna casa solitaria. “El problema es cómo se va a aplicar todo eso”, se cuestiona el exsecretario.
   La organización ecologista Greenpeace ha denunciado que la reforma de la Ley de Costas tendrá graves consecuencias en la seguridad de las personas que viven en la costa ya que el Estado solo tomará medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión cuando ocurran catástrofes y el mar alcance viviendas (chocando esta propuesta con el más elemental principio de precaución). Tampoco hay ninguna estimación sobre los efectos del cambio climático sobre la costa española y no contemplan la inundabilidad frecuente de los tramos de costas que se inundan al menos una vez cada 11 o 13 años.
   La ONG lamenta la estrategia del Partido Popular para seguir rebajando la protección ambiental de la costa y favorecer su privatización, y señala que las enmiendas responden a la propuesta del departamento que dirige Miguel Arias Cañete de reducir la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos.
   Para la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, la enmienda sobre el cambio climático es una "desmedida frivolidad política" que solo maquilla el problema del litoral para seguir facilitando la destrucción ambiental y tomar decisiones sin responsabilizarse de las consecuencias".



Pablo Pérez López de Abechuco




 

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